Defensa del Territorio

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Defensa ecosocial del territorio.

Nuestra sociedad se ha tendido a organizar alrededor de un sistema de producción y consumo de masas, cuyo funcionamiento requiere de la extracción de grandes cantidades de recursos naturales (minerales, vegetales, energéticos, etc.), al tiempo que genera una cantidad de residuos más elevada de lo que los sumideros naturales son capaces de asumir. Todo ello genera numerosos desequilibrios ecosistémicos, observables en forma de pérdida de biodiversidad, alteración de las cadenas tróficas, contaminación de acuíferos, de suelos y atmosférica, con las consecuentes alteraciones climáticas globales, entre otros impactos.

 

Esta situación se agrava por el hecho de que nuestro sistema económico persigue un crecimiento indefinido, lo que comporta que la extracción de recursos naturales y la generación de residuos tienden siempre a aumentar. Los reiterados intentos de ‘desmaterializar’ la economía, a pesar del esfuerzo por desarrollar tecnologías más “verdes” y políticas más sostenibles, no han logrado corregir aquel rumbo depredador, ni es verosímil que lo consigan.

 

Muchos territorios son víctimas de estos procesos de degradación ambiental. A menudo, ello comporta el desplazamiento de poblaciones hacia otros lugares, contribuyendo a la concentración demográfica en núcleos urbanos cada vez más grandes y menos sostenibles.

 

Históricamente, la primera industrialización dio lugar a los primeros movimientos “ambientalistas” formados por el movimiento obrero y que lograron forzar a los gobiernos a aprobar normas laborales y urbanísticas en beneficio de la calidad de vida en los centros productivos. También surgieron grupos “conservacionistas” preocupados por la destrucción paisajística e impulsados por élites sensibilizadas. Una solución parcial que oculta las causas profundas del deterioro ambiental, y muy limitada en una época en la que sabemos que nos enfrentamos a riesgos globales capaces de trascender todo tipo de fronteras. La insatisfacción con estos planteamientos provocó el surgimiento de los movimientos propiamente  “ecologistas”  en el último tercio del siglo XX; entendiendo que la lucha contra los problemas ambientales va de la mano de la lucha contra el sistema productivo que las genera.

 

En la actualidad los movimientos contra la degradación ambiental tienden a actuar en “plataformas” que congregan grupos dispares de sensibilidad ambientalista, conservacionista o ecologista. Estas “plataformas”, como principal forma de articular la defensa de los territorios afectados, suelen tener una elevada capacidad de presión y pueden conseguir paralizar amenazas concretas. Sin embargo, por su falta de cohesión interna, suelen plantear objetivos muy locales y poco ambiciosos desde un punto de vista ambiental.

 

Por ello, se hace necesaria una visión amplia de las causas, que trascienda el espacio local al bio-regional y al global. El ecologismo social se plantea como una forma de buscar alternativas al modelo capitalista de producción y distribución de bienes y capitales. Es una forma de reconocer que nuestra esfera tecnológica y socio-económica forma parte del sistema global de la biosfera, y que para superar sus turbulencias necesitamos otras formas de organización colectiva.

 

¿Qué es la agroecología y la soberanía alimentaria?

El actual sistema agroalimentario basado en la producción masiva de alimentos mediante el consumo de ingentes recursos fósiles y una distribución orientada al mercado global, a pesar de haber generado grandes cantidades de alimentos a precios bajos (subvencionados) para buena parte de la población, no ha logrado resolver las carencias alimenticias de casi la cuarta parte de la humanidad, al tiempo que ha producido numerosos impactos sociales, económicos, políticos y ambientales difíciles de ignorar. El actual modelo agrario ha disminuido la biodiversidad de nuestro territorio, ha contaminado acuíferos, ha intoxicado a nuestros agricultores, ha sido el principal motor del éxodo rural, ha limitado el poder de nuestros gobiernos y ha implantado un régimen internacional neocolonial con graves consecuencias en los países del Sur Global.  

De ello se desprende la necesidad de contar con modelos agroalimentarios diferentes, que se enmarquen en los planteamientos teóricos y prácticos de la ‘agroecología’, que apuesten por fórmulas alternativas de relación entre producción y consumo, y por transformar el sistema agroalimentario desde una perspectiva de soberanía ‘alimentaria’.

El concepto de ‘agroecología’ implica tener en cuenta no sólo cómo se ha producido un alimento, sino también las relaciones de producción que la han hecho posible. Las propuestas agroecológicas surgieron en Latinoamérica, fruto del encuentro entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional campesino, como respuesta a la crisis social y ecológica generada por la globalización del sistema agroalimentario industrial. Se estima que la agroecología puede ser desglosada en tres dimensiones principales:

  • Un conjunto de técnicas para una agricultura respetuosa con los ecosistemas (dimensión ecológica-productiva).

  • Un conjunto de métodos para un desarrollo territorial sostenible (dimensión socio-económica y cultural).

  • Un conjunto de redes territoriales integradas por personas, grupos y entidades ciudadanas que caracterizan su expansión como movimiento social (dimensión socio-política).

La ‘soberanía alimentaria’, por su parte, implicaría el derecho de los individuos, comunidades, pueblos y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Este concepto incluye no sólo el derecho a la alimentación, sino también el correlativo derecho de las comunidades a la producción de alimentos, constituyendo así una apuesta clara por el mantenimiento y promoción de la agricultura, pero no tanto con prácticas agroindustriales sino a partir de métodos agroecológicos. Desde esta perspectiva se entiende que es el derecho a cultivar lo que garantizará el derecho a la alimentación.