Defensa del Territorio

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La defensa ecosocial del territorio

Nuestra sociedad se ha tendido a organizar alrededor de un sistema de producción y consumo de masas, cuyo funcionamiento requiere de la extracción de grandes cantidades de recursos naturales (minerales, vegetales, energéticos, etc.), al tiempo que genera una cantidad de residuos más elevada de lo que los sumideros naturales son capaces de asumir. Todo ello genera numerosos desequilibrios ecosistémicos, observables en forma de pérdida de biodiversidad, alteración de las cadenas tróficas, contaminación de acuíferos, de suelos y atmosférica, con las consecuentes alteraciones climáticas globales, entre otros impactos.

Esta situación se agrava por el hecho de que nuestro sistema económico persigue un crecimiento indefinido, lo que comporta que la extracción de recursos naturales y la generación de residuos tienden siempre a aumentar. Los reiterados intentos de ‘desmaterializar’ la economía, a pesar del esfuerzo por desarrollar tecnologías más “verdes” y políticas más sostenibles, no han logrado corregir aquel rumbo depredador, ni es verosímil que lo consigan.

Muchos territorios son víctimas de estos procesos, bien porque se trata de lugares donde se producen o extraen los recursos (como en caso de actividades mineras, pantanos, grandes monocultivos, macro-granjas, etc.) o bien porque es donde se vierten los residuos. A menudo, ello comporta el desplazamiento de poblaciones hacia otros lugares, contribuyendo a la concentración demográfica en núcleos urbanos cada vez más grandes y menos sostenibles.

Históricamente ha habido grupos y movimientos sociales que han ofrecido resistencia a estos procesos de destrucción ambiental. Con la primera industrialización, ya aparecieron movimientos ‘ambientalistas’, formados por el movimiento obrero y algunas élites reformistas, que se movilizaron en contra de la contaminación urbana y de las condiciones de trabajo en las fábricas. Como resultado de varias décadas de lucha y presión, los gobiernos fueron aprobando numerosas normas laborales y urbanísticas para conseguir una mejora de la calidad de vida en las ciudades y en los entornos productivos.

En esa primera época (siglo XIX), encontramos también ciertos sectores sociales preocupados por la destrucción paisajística y ambiental del territorio. Estos grupos se organizaron en movimientos sociales ‘conservacionistas’, a menudo impulsados por ciertas élites sensibilizadas y con notable capacidad de presión política, que contribuyeron a la protección de ciertas especies animales y vegetales, así como al interés por el estudio de la naturaleza y por valorar los ecosistemas. Sin embargo, la idea de proteger o conservar tan solo unas partes del territorio no deja de ser una solución parcial, que oculta las causas profundas del deterioro ambiental, y muy limitada en una época en la que sabemos que nos enfrentamos a riesgos globales capaces de trascender todo tipo de fronteras.

Des de el último tercio del siglo XX, algunos grupos insatisfechos con los planteamientos conservacionistas, se escindieron para afrontar con mayor decisión las causas de fondo del deterioro ambiental: nuestro modelo de producción y consumo de masas y las normas económico-financieras que lo rigen. Estos serían los movimientos propiamente ‘ecologistas’, para quienes cualquier solución pasaría por la trasformación de nuestro modelo socioeconómico y político. De este modo, se entiende que la lucha contra los problemas ambientales va de la mano de la lucha contra las desigualdades sociales, por lo que las soluciones requerirán de nuevas formas de organizarnos colectivamente.

En la actualidad los movimientos que luchan contra la degradación ambiental tienden a actuar a través de ‘plataformas’ ciudadanas, que congregan a grupos muy dispares con un interés común, entre los que se encuentran colectivos tanto de sensibilidad ambientalista, como conservacionistas o como ecologista, además de otros grupos ciudadanos (asociaciones de vecinos, culturales, etc.). Las ‘plataformas’ de protesta son una de las principales formas de articular la defensa de los territorios afectados por riesgos ambientales. Estas ‘plataformas’ suelen tener una elevada capacidad de presión sobre el sistema político, consiguiendo paralizar proyectos que se perciben como amenazas para el territorio (presas, macro-granjas, líneas de alta tensión, empresas contaminantes, etc.). Sin embargo, para poder integrar a grupos muy dispares, las ‘plataformas’ suelen plantear objetivos muy locales y poco ambiciosos desde un punto de vista ambiental.

De ahí la importancia de tener una visión amplia de las causas. Por ello, desde el ecologismo contemporáneo la defensa ambiental del territorio se plantea como una forma de buscar alternativas al modelo capitalista de producción y distribución de bienes y capitales, explorando nuevas opciones como las iniciativas de transición a la sostenibilidad (‘transition towns’), las propuestas de decrecimiento y descenso energético, las condiciones de supervivencia digna a través de la renta básica universal y las alternativas de economía social y solidaria, etc. Es una forma de reconocer que nuestra esfera tecnológica y socio-económica forma parte del sistema global de la biosfera, y que para adaptarnos a sus turbulencias necesitamos organizarnos colectivamente de otra manera.

 

Agroecología y soberanía alimentaria

El actual sistema agroalimentario basado en la producción masiva de alimentos mediante el consumo de ingentes recursos fósiles y una distribución orientada al mercado global, a pesar de haber generado grandes cantidades de alimentos a precios bajos (subvencionados) para buena parte de la población, no ha logrado resolver las carencias alimenticias de casi la cuarta parte de la humanidad, al tiempo que ha producido numerosos impactos sociales, económicos, políticos y ambientales difíciles de ignorar. El actual modelo agrario ha disminuido la biodiversidad de nuestro territorio, ha contaminado acuíferos, ha intoxicado a nuestros agricultores, ha sido el principal motor del éxodo rural, ha limitado el poder de nuestros gobiernos y ha implantado un régimen internacional neocolonial con graves consecuencias en los países del Sur Global.  

De ello se desprende la necesidad de contar con modelos agroalimentarios diferentes, que se enmarquen en los planteamientos teóricos y prácticos de la ‘agroecología’, que apuesten por fórmulas alternativas de relación entre producción y consumo, y por transformar el sistema agroalimentario desde una perspectiva de soberanía ‘alimentaria’.

El concepto de ‘agroecología’ implica tener en cuenta no sólo cómo se ha producido un alimento, sino también las relaciones de producción que la han hecho posible. Las propuestas agroecológicas surgieron en Latinoamérica, fruto del encuentro entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional campesino, como respuesta a la crisis social y ecológica generada por la globalización del sistema agroalimentario industrial. Se estima que la agroecología puede ser desglosada en tres dimensiones principales:

  • Un conjunto de técnicas para una agricultura respetuosa con los ecosistemas (dimensión ecológica-productiva).

  • Un conjunto de métodos para un desarrollo territorial sostenible (dimensión socio-económica y cultural).

  • Un conjunto de redes territoriales integradas por personas, grupos y entidades ciudadanas que caracterizan su expansión como movimiento social (dimensión socio-política).

La ‘soberanía alimentaria’, por su parte, implicaría el derecho de los individuos, comunidades, pueblos y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Este concepto incluye no sólo el derecho a la alimentación, sino también el correlativo derecho de las comunidades a la producción de alimentos, constituyendo así una apuesta clara por el mantenimiento y promoción de la agricultura, pero no tanto con prácticas agroindustriales sino a partir de métodos agroecológicos. Desde esta perspectiva se entiende que es el derecho a cultivar lo que garantizará el derecho a la alimentación.